Haití necesita una estrategia única, financiación real y disciplina política
Por Sir Ronald Sanders
Vuelvo a centrarme en Haití porque es demasiado fácil para el mundo desentenderse de la situación de ese país atribulado. En parte, es precisamente porque no se le ha prestado a Haití una atención integral que sus circunstancias empeoran y su pueblo sigue sufriendo. Esta evaluación se basa en informes recientes del Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)—“Laboderie Massacre – Internal Situation Report” y “Calls to Return Issued to Citizens by Armed Gangs”—así como en el análisis de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), “Addressing Haiti’s Escalating Crisis: From Criminal Governance to Community Fragmentation” (septiembre de 2025).
En materia de seguridad, la estrategia en Haití—si es que existe—es fragmentaria e ineficaz. Varias actuaciones aisladas, como un grupo de trabajo del Primer Ministro, proyectos dispersos de drones ejecutados por contratistas privados y una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS, en inglés MSS) dirigida por Kenya, no constituyen una estrategia. En resumen, no hay seguridad real. La Policía Nacional de Haití—incluso con la ayuda de la MMAS—está mermada y sobrecargada, y los resultados son irregulares. Mientras tanto, las bandas controlan carreteras, barrios y flujos de ingresos. A todas luces, se trata de una gobernanza de tinte criminal (un patrón documentado por GI-TOC y el RNDDH).
La política está igual de estancada. El Consejo Presidencial de Transición (CPT, por sus siglas en inglés TPC) se ha paralizado; no habrá elecciones en noviembre de 2025; y sigue sin existir un plan creíble para el período posterior al 7 de febrero de 2026, cuando vence el mandato del CPT. Las pugnas entre dirigentes y élites consumen un tiempo del que el país no dispone. Cada semana de deriva fortalece a los grupos armados y debilita al Estado.
Sin embargo, existe una vía viable, pero debe ejecutarse como un paquete único y no mediante esfuerzos aislados. Las autoridades haitianas tienen que asegurar la infraestructura crítica de transporte—aeropuertos, puertos, depósitos de combustible, puentes y los corredores viales nacionales. Sin un movimiento seguro de bienes, personas y servicios, todo lo demás fracasa. Para lograrlo, debe existir un dispositivo organizado y financiado que incluya puestos estáticos en capas, equipos móviles de respuesta, reglas claras de empleo de la fuerza, y corredores humanitarios realmente utilizables por las agencias de ayuda. Al mismo tiempo, las autoridades haitianas y sus socios internacionales deben cortar el flujo de armas (salvo para la Policía haitiana) y de financiación ilícita que mantiene vivas las estructuras de las bandas. La interdicción en puntos de entrada, la vigilancia de las redes de organizadores y financiadores y la inteligencia financiera en tiempo real deben ser rutina.
Las sanciones de Estados Unidos contra jefes de bandas y facilitadores deben ir acompañadas de incautaciones, detenciones y procesamientos, de modo que aumente el costo de operar para los organizadores y financiadores, no solo para los ejecutores de a pie. Las instituciones de justicia deben dar prioridad a la persecución penal de quienes están detrás de las redes que abastecen, blanquean y protegen la empresa criminal. Si los encargados de la logística y el dinero quedan intactos, las bandas se regeneran. Lo sabemos, pero se hace demasiado poco.
Por último, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) deben actuar con un solo plan que integre seguridad, ayuda humanitaria, transición de gobernanza y medidas económicas. Ese plan debe incluir una arquitectura de transición clara para el período posterior a febrero de 2026 a fin de evitar un vacío de gobernanza (dentro de Haití, actores influyentes ya reclaman medidas en este sentido). La hoja de ruta del Secretario General de la OEA, liderada por los propios haitianos, proporciona el marco; lo que falta es un plan operativo con presupuesto, un mandato unificado del Consejo de Seguridad y un instrumento financiado de la ONU para ejecutarlo.
Si bien ya existe un fondo fiduciario de la ONU para la MMAS, es voluntario e insuficientemente capitalizado; por ello, las Naciones Unidas deberían operacionalizar un Fondo Haití único, transparente, auditado y vinculado a resultados en el conjunto del plan. Este enfoque requerirá dinero y una atención sostenida. Sin embargo, conviene recordar que los llamamientos coordinados por la ONU para Haití recaudaron aproximadamente dos tercios de mil millones de dólares entre 2023 y 2025; es muy inferior a lo que la guerra en Sudán, la crisis de Gaza o la guerra en Ucrania reciben en un solo año. Ese Fondo debería ser financiado, en particular, por Estados Unidos y Francia, junto con otros países que se han beneficiado de su relación con Haití, de su mano de obra y de sus mercados. No es caridad; es responsabilidad.
Los desembolsos para proyectos en Haití deben estar ligados a hitos concretos: mantener abiertos los corredores esenciales para el movimiento de personas, bienes y ayuda humanitaria; detener la extorsión en las rutas nacionales; incautar armas y efectivo vinculados a redes criminales; reabrir escuelas y centros de salud en zonas seguras; y completar, según lo previsto, las etapas acordadas hacia la transición posterior a febrero de 2026.
Los miembros del Consejo de Seguridad con derecho de veto deben respaldar una estrategia única y coherente. Nada de señales contradictorias, ni mandatos en competencia, ni resoluciones simbólicas que justifiquen la inacción. Los mandatos, los fondos y el apoyo operativo deben alinearse con el plan unificado. Si el Consejo no va a apoyar un plan realmente ejecutable, debe decirlo con claridad y asumir las consecuencias.
Asimismo, el apoyo externo fracasará sin disciplina interna. Los actores políticos y económicos de Haití deben dejar de maniobrar para obtener ventajas mientras el Estado se erosiona. El país necesita un gobierno focalizado en un programa público limitado: restablecer la seguridad en las arterias vitales; estabilizar los servicios esenciales; apoyar las acciones de la justicia contra las redes de organizadores y financiadores; y fijar un calendario realista para las elecciones cuando existan condiciones mínimas de seguridad. Cualquier otra cosa invita a más violencia y a un colapso más profundo.
Al pueblo haitiano se le ha prometido mucho, pero su situación ha empeorado. La próxima etapa debe ser diferente: una arquitectura de seguridad integrada; una ruta de transición; un vehículo de financiamiento; y un solo conjunto de indicadores de desempeño. Las autoridades haitianas deben asumir el plan demostrando su capacidad para actuar en el interés nacional; los socios internacionales deben apoyarlo; y el Consejo de Seguridad debe dejar de tratar a Haití como un expediente incómodo. Si no se actúa ahora, el Estado haitiano se contraerá aún más y los grupos armados se expandirán, con repercusiones en migración, seguridad y sufrimiento humano en el Caribe y en todo el continente americano.
(El autor es Embajador de Antigua y Barbuda ante los Estados Unidos y la OEA, y Decano de los Embajadores acreditados ante la OEA. Respuestas y comentarios anteriores: http://www.sirronaldsanders.com)