La ONU se está apagando — y deberíamos preocuparnos

 

Las Naciones Unidas están siendo asfixiadas en silencio. Este mes en Nueva York, el Secretario General, António Guterres, advirtió al Comité de Presupuesto de la Asamblea General que la ONU está entrando en una “carrera hacia la bancarrota”.

 

La organización cerró 2024 con unos 760 millones de dólares estadounidenses en contribuciones impagadas por los Estados miembros, la mayor parte aún pendiente. Otros 877 millones de dólares, correspondientes a 2025, tampoco se habían recibido. En total, los Estados miembros deben al presupuesto ordinario de la ONU aproximadamente 1.600 millones de dólares en atrasos. Cualquier institución encargada de salvaguardar la paz mundial, el desarrollo, los derechos humanos, la salud pública y la ayuda humanitaria se vería desbordada con mucho menos.

 

Ante este déficit, el Secretario General no tuvo más opción que proponer dolorosos recortes para 2026: una reducción del 15 por ciento —más de 577 millones de dólares— y la eliminación de 2.681 puestos, casi uno de cada cinco. Algunos de los recortes más profundos afectan a las Misiones Políticas Especiales, operaciones esenciales para sostener procesos de paz frágiles.

 

Sin embargo, ni siquiera estos recortes resolverán la crisis de liquidez, porque, aunque existan ineficiencias en toda institución, la causa principal no es el despilfarro ni la mala gestión. Es una financiación insuficiente e impredecible, una condición que la Organización de los Estados Americanos (OEA) conoce muy bien. Durante más de quince años, la OEA también ha sufrido una financiación inadecuada. El próximo año, su presupuesto ordinario será significativamente menor en términos reales que en 2010, pese a que sus mandatos se han multiplicado.

 

Ambas organizaciones —global y hemisférica— están atrapadas en el mismo problema: una excesiva dependencia de unos pocos países para financiar la mayor parte del presupuesto, y pagos retrasados o retenidos por contribuyentes clave.

 

 

El presupuesto ordinario de la ONU se distribuye según el ingreso nacional. A Estados Unidos se le asigna el 22 por ciento, la mayor cuota. China ocupa el segundo lugar, con casi el 20 por ciento. Cuando cualquiera de los dos se retrasa en pagar, la situación financiera de la ONU se deteriora de inmediato. Es simple aritmética, no una crítica.

 

En Estados Unidos, los debates sobre el gasto federal —especialmente el destinado al exterior— han provocado retrasos reiterados. La administración actual ha añadido otra dimensión: aplazar los pagos mientras revisa ciertos aspectos de las operaciones de la ONU. China sigue cumpliendo sus obligaciones, pero en los últimos años ha tendido a pagar mucho más tarde, dejando a la ONU sin liquidez durante largos periodos. Otros Estados miembros, incluidos varios de ingresos medios, también pagan con retraso.

 

Pero el impacto es mayor cuando los mayores contribuyentes pagan tarde. Un presupuesto previsible no puede sobrevivir con flujos de caja impredecibles.

 

 

Para el Caribe y América Latina —regiones de economías pequeñas, abiertas y vulnerables al clima— las consecuencias son graves e inmediatas.

 

Los programas de desarrollo y ayuda humanitaria de la ONU ya están disminuyendo. La financiación para el desarrollo —durante mucho tiempo el pilar fundamental de apoyo a los países menos desarrollados y a los pequeños Estados insulares— se está erosionando justo cuando los efectos del cambio climático se aceleran.

 

Para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), no se trata de un asunto contable, sino de supervivencia. Cada dólar recortado de los programas de desarrollo y adaptación climática de la ONU amplía la brecha entre las amenazas que enfrentan estos países y su capacidad para responder. A medida que empeoran los impactos climáticos, la pérdida del apoyo de la ONU tendrá costos humanos reales.

 

 

El panorama en materia de paz y seguridad es igualmente inquietante. Las operaciones de paz suelen ser el último dique antes de la catástrofe. Aunque imperfectas, cuando los presupuestos disminuyen y los reembolsos se retrasan, las misiones deben operar con menos recursos, mandatos debilitados y menor capacidad para proteger a la población civil.

 

Algunas grandes capitales están considerando reducir o reestructurar sus contribuciones al mantenimiento de la paz. Estos debates son comprensibles; los contribuyentes quieren saber en qué se gasta su dinero. Pero si la ONU se ve obligada a retroceder, el mundo dependerá cada vez más de coaliciones ad hoc o despliegues regionales, con menos salvaguardias, menos transparencia y menos legitimidad.

 

Como ocurre en la OEA, cuando los recursos disminuyen, solo sobreviven las actividades que prefieren los países más ricos. No es una receta para un multilateralismo equilibrado.

 

 

A medida que se ajustan los presupuestos, la ONU se está transformando —a menudo sin intención— en una institución más limitada. Seguirá debatiendo, negociando y fijando normas, pero sin financiación suficiente, su capacidad para operaciones sobre el terreno, apoyo al desarrollo y acción humanitaria se reducirá.

 

Esa no es la ONU que el mundo necesita. En la recuperación tras desastres, las crisis sanitarias, la resiliencia climática, el control de armas y la defensa de la soberanía de los pequeños Estados, dependemos de la ONU no solo para orientar, sino para actuar.

 

Si la insolvencia obliga a la ONU a retirarse, los Estados más pequeños y débiles serán los primeros en sentir el vacío. Y los vacíos rara vez permanecen vacíos; los llenan los intereses de los poderosos.

 

 

El camino a seguir no requiere nuevas doctrinas grandilocuentes, sino pasos prácticos que los Estados miembros ya han considerado.

 

La inestabilidad financiera de la ONU es, fundamentalmente, un problema de tiempos de pago. Las contribuciones que llegan tarde, especialmente de las mayores economías, provocan shocks de liquidez que ningún ajuste interno puede absorber. La organización se vería considerablemente fortalecida si todos los Estados miembros, grandes y pequeños, asumieran que pagar puntualmente es parte esencial de los mandatos que aprueban. Esta previsibilidad es crucial tanto para la ONU como para la OEA.

 

Existe además una propuesta ante la Asamblea General para suspender la devolución automática de créditos presupuestarios no utilizados cuando la liquidez esté por debajo de un umbral seguro. Es una medida financieramente sensata. No tiene sentido que la ONU devuelva fondos al mismo tiempo que recorta personal y reduce programas por falta de liquidez. Un margen de maniobra modesto podría evitar interrupciones innecesarias. La OEA se enfrenta a una anomalía similar: algunos Estados reciben un bono por pagar puntualmente, mientras que otros no sufren ninguna consecuencia por pagar tarde o no pagar.

 

 

Los países pequeños necesitan más que nadie una ONU eficaz. Les conviene dar ejemplo: pagar a tiempo, cumplir sus obligaciones y animar a las naciones más ricas a hacer lo mismo. La alternativa es un sistema internacional debilitado, menos capaz y un deslizamiento hacia un mundo gobernado menos por el derecho y más por el poder.

 

La ONU ya está en una carrera hacia la bancarrota. Si tropieza, el mundo aprenderá rápidamente que cuando el multilateralismo se debilita, los fuertes se fortalecen —y los pequeños quedan solos.