Haití no puede esperar – todos los Estados miembros de la OEA declaran: “El momento de una acción decisiva es ahora”
Por Sir Ronald Sanders
El 10 de septiembre, los 32 Estados miembros activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron una declaración conjunta sobre Haití. Como suele ocurrir en la diplomacia, no todos los Estados participaron en las discusiones y negociaciones que produjeron el texto. Antigua y Barbuda sí lo hizo. Encabecé nuestra delegación. Discutimos línea por línea porque, en diplomacia, las palabras deciden presupuestos, mandatos y vidas: deben sopesarse con cuidado.
Mi delegación tenía cuatro preocupaciones.
Primero, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU propuesta por Estados Unidos y Panamá —a la que se refiere la declaración conjunta— aún no ha sido adoptada. Las conversaciones en Nueva York han sido constantes, pero el texto sigue sin acordarse. En términos sencillos, Estados Unidos y Panamá piden al Consejo de Seguridad que reemplace la pequeña misión en Haití dirigida por Kenia y con recursos insuficientes por una fuerza más grande, con respaldo de la ONU —de unas 5.550 personas—, con la facultad legal de detener a miembros de pandillas, proteger infraestructura crítica (aeropuertos, puertos, hospitales, escuelas) y realizar operaciones de inteligencia contra grupos armados durante 12 meses. El plan también crea una Oficina de Apoyo de la ONU para encargarse de la logística y reembolsar costos de equipos, mientras que contribuciones voluntarias a un Fondo Fiduciario de la ONU cubren reembolsos de personal y otras necesidades de la misión, manteniendo los costos transparentes y compartidos. Esto es comprensible. La misión liderada por Kenia ha tenido dificultades para ofrecer resultados suficientes en relación con los costos asumidos por los financiadores. No puede continuar de este modo.
Segundo, sustituir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad por cualquier “Fuerza de Supresión de Pandillas” entraña el riesgo de reducir el enfoque al uso de la fuerza —lo que mi ministra consejera, Joy-Dee Davis-Lake, llamó con acierto “guerra urbana”— y pasar por alto el contexto más amplio de las condiciones económicas y sociales de Haití que contribuyeron a la formación de las pandillas. Como respondí públicamente a una pregunta del Miami Herald, cualquier nueva acción de la ONU no puede ser solo represión. Las pandillas reclutan a muchachos que no tienen nada que comer ni oportunidades para convertirse en adultos autosuficientes; la violencia crece donde las instituciones están vaciadas, los salarios no existen y no hay motivos para confiar en el sistema en el que la gente vive. Sí, la seguridad es esencial, pero no debe considerarse suficiente.
Tercero, la titularidad haitiana no debe ser un eslogan; es la base de la legitimidad de cualquier transformación en el país. Antigua y Barbuda quiso que las autoridades haitianas asumieran con claridad la titularidad de la declaración conjunta y aceptaran la rendición de cuentas por las acciones en Haití, incluido el uso de los fondos. Sin ello, el apoyo internacional seguirá siendo vacilante e incierto.
Cuarto, quisimos asegurar que nada en la declaración conjunta abriera una puerta para que la OEA, como institución, participe en el uso de la fuerza. La Carta de la OEA no otorga tal autoridad. Más importante aún, el valor de la OEA —su credibilidad como constructora de paz y mediadora honesta— quedaría socavado si deriva hacia operaciones cinéticas (de uso de la fuerza). El papel de la OEA es construcción institucional, derechos y acompañamiento político. Es del interés de cada Estado miembro, y de la pertinencia de la Organización, que se mantenga en su función.
Esas fueron nuestras barandillas. Dentro de ellas, apoyamos la Declaración Conjunta por las siguientes razones.
La declaración reafirma que Haití debe liderar y sitúa a las Naciones Unidas en el centro de las operaciones de seguridad, incluida una oficina de apoyo (UNSOH) y la transición hacia una fuerza más robusta destinada a restablecer un entorno seguro y estable y desmantelar las pandillas. Es la jerarquía correcta: la ONU conduce la protección; Haití lidera en soberanía y responsabilidad.
A la OEA se le asigna un papel claro: fortalecer capacidades institucionales y operativas mediante un enfoque civil, humanitario y de derechos humanos. Eso mantiene a la Organización donde es más eficaz: ayudar a la Policía Nacional de Haití con apoyo sin uso de la fuerza y ayudar al Estado a reconstruir los fundamentos de la gobernanza.
El texto alienta contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la ONU para la nueva fuerza y acoge apoyo complementario mediante mecanismos de la OEA como SECURE-Haiti para la habilitación policial, en consonancia con el marco de la ONU. Ese binomio mantiene honestos los flujos de dinero, visibles los canales y compartidas las cargas según la capacidad.
Al pedir coordinación entre ONU, OEA, CARICOM y Haití, la declaración intenta poner fin al despilfarro que el mundo ha visto cuando los esfuerzos se superponen sin coordinación.
La declaración empareja explícitamente las operaciones de seguridad con la atención a las causas profundas: instituciones débiles, corrupción, pobreza, desigualdades lacerantes y el colapso de la educación y de los servicios básicos. Esa es la diferencia entre contener a las pandillas por unos meses y construir una paz duradera para el futuro.
Afortunadamente, incluso mientras concluían las negociaciones finales de la declaración conjunta, la ONU dispuso 9 millones de dólares en fondos de emergencia para Haití, en parte para sostener el Hospital La Paix, el único hospital público que aún funciona en Puerto Príncipe. Como dijo Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios: la vía de seguridad solo funciona junto a una vía humanitaria que ayude a la gente a volver a casa, reconstruir medios de vida y recuperar la dignidad. Ese es, precisamente, el equilibrio que defendimos en el texto de la OEA.
¿Dónde nos deja todo esto?
Deja a la ONU con la responsabilidad de proteger frente a la depredación de las pandillas y la ilegalidad—de forma legal, responsable y con el consentimiento de las autoridades haitianas. Deja a la OEA respaldar ese esfuerzo donde su Carta y su competencia son más fuertes: construcción institucional, cumplimiento de derechos, acompañamiento político y apoyo sin uso de la fuerza a la Policía Nacional de Haití. Deja a los donantes con una petición clara: financiar el Fondo Fiduciario para que la nueva fuerza funcione y financiar la acción humanitaria para que la sociedad pueda llevar una vida normal.
Y deja al Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente a los cinco miembros permanentes, con un mensaje sencillo: los Estados más cercanos a Haití —sus vecinos en la OEA— han hablado con inusual unidad tras discusiones serias y atentas de varios países líderes. Apoyamos un rumbo liderado por Haití, un mandato de protección liderado por la ONU y una estrategia integral que trate tanto los síntomas como la causa de la crisis haitiana. Como concluimos en la declaración: “Haití no puede esperar. El momento de una acción decisiva y coordinada es ahora.”