El fin de la ilusión en Haití: ¿y ahora qué?
Por Sir Ronald Sanders
El 7 de febrero importa en Haití —no porque prometa alivio, sino porque marca el fin de una ilusión. En esa fecha expira el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití. Desde su creación, el Consejo nunca fue acogido por el pueblo haitiano. Fue visto ampliamente como un artilugio de nueve cabezas —torpe, ensimismado y vulnerable a las rivalidades, la corrupción y la ambición personal—. Los haitianos advirtieron que fracasaría. Tenían razón.
El Consejo ha fracasado en todos los elementos de su propio mandato. La seguridad no se ha puesto bajo control efectivo. La vida cotidiana de los haitianos no ha mejorado. Las elecciones para restaurar el orden constitucional no aparecen por ninguna parte.
Hay, para ser justos, señales limitadas de mejora en el ámbito de la seguridad. Las operaciones de la policía haitiana, apoyadas por socios internacionales, han registrado algunos avances tácticos contra las bandas. Pero estas mejoras tácticas no redimen el fracaso estratégico. Los avances en seguridad no pueden sustituir a la legitimidad constitucional ni a la coherencia política. Son necesarios, pero muy insuficientes.
La desunión política —la aflicción más persistente de Haití— volvió a imponerse incluso cuando el país se deslizaba más profundamente hacia la violencia y la desesperación humanitaria. El resultado es ahora inequívoco: existe una amplia convergencia —tanto dentro de Haití como entre los socios internacionales— en que el mandato del Consejo termina el 7 de febrero y no debe prorrogarse mediante maniobras o improvisaciones políticas.
Los líderes caribeños han advertido repetidamente contra la desestabilización de última hora y la fabricación de nuevas crisis en el momento de la expiración. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al renovar su misión política en Haití, ha subrayado la centralidad del diálogo nacional, la rendición de cuentas y las elecciones.
Una reunión consultiva celebrada el 2 de febrero, convocada por Albert Ramdin, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en la que participaron dos ministros de Asuntos Exteriores de la CARICOM y representantes de las Naciones Unidas, Canadá y los Estados Unidos, produjo una posición común —pese a las diferencias de criterio señaladas—. Aunque la participación en la consulta fue limitada, la expectativa transmitida fue ampliamente compartida: una gobernanza previsible, una seguridad creíble, elecciones oportunas y —aún con esperanza— una solución liderada por los propios haitianos.
Esto elimina un pretexto habitual. El fracaso del Consejo de Transición no es el resultado de una imposición extranjera. Es la consecuencia de conductas internas.
Esa realidad fue expuesta con autoridad moral por Edmonde Supplice Beauzile, ex parlamentaria, dirigente política y seria aspirante a la presidencia de Haití en 2016. Hablando no como actor faccioso sino como ciudadana comprometida, advirtió que Haití sufre menos por la falta de diagnóstico que por una negativa colectiva a aceptar el tratamiento. Su llamamiento no era a otro consejo ni a otro documento político, sino al coraje cívico: líderes dispuestos, aunque solo fuera por un momento, a anteponer el país a la ambición personal.
A medida que se acercaba el 7 de febrero, surgieron temores de que algunos miembros del Consejo pudieran resistirse a abandonar el cargo, temores avivados por la presencia de buques de guerra estadounidenses frente a la costa. Oficialmente, el despliegue se enmarcó en una operación regional más amplia contra el tráfico ilícito y en favor de la seguridad; políticamente, tuvo un simbolismo disuasorio. Sin embargo, voces informadas dentro de Haití —incluidos antiguos altos cargos y líderes de la sociedad civil— confían en que ninguna base social se movilizará para preservar el Consejo ni para provocar una intervención de Estados Unidos.
Esa valoración se ve reforzada por Pierre Espérance, director ejecutivo de la principal organización haitiana de derechos humanos. Espérance espera que todos los miembros del Consejo de Transición dejen sus cargos el 7 de febrero. En ausencia de un marco de sustitución acordado, observa que el Primer Ministro debería permanecer únicamente para gestionar la administración ordinaria —un resultado que equivaldría a una tercera transición consecutiva, más que a una resolución de la crisis—.
De manera crucial, Espérance es explícito en que la continuidad no debe derivar en un gobierno por decreto. Cualquier arreglo interino debe estar acotado por una hoja de ruta definida para la gobernanza, la seguridad y las elecciones, y limitado por un control independiente en ausencia de un poder legislativo. Ese control —procedente de las propias instituciones haitianas de auditoría, inteligencia financiera y lucha contra la corrupción— revisaría el gasto público, comprobaría la legalidad y señalaría públicamente los abusos. Su función sería de supervisión, no ejecutiva: restringir la discrecionalidad, disuadir los abusos y preservar el carácter temporal de la autoridad.
El 7 de febrero cierra el mandato del Consejo. También cierra el beneficio de la duda. Las transiciones se juzgan por sus resultados, no por sus intenciones. En materia de seguridad, gobernanza, unidad y elecciones, el Consejo Presidencial de Transición no cumplió. En derecho y en los hechos, su autoridad termina. Debe irse.
Pero no puede razonablemente esperarse que toda la autoridad de gobierno recaiga únicamente en el Primer Ministro. Por muy capaz o comprometido que esté con la recuperación de Haití, debe existir una estructura de gobierno que se alinee más estrechamente con el orden constitucional haitiano.
Existe una vía más defendible. La Constitución de Haití sitúa la autoridad ejecutiva no en el Primer Ministro actuando en solitario, sino en el Gobierno actuando colectivamente a través del Consejo de Ministros, que el Primer Ministro preside (artículos 155 a 158). Esa estructura —entendida desde hace tiempo en Haití— sirve como freno constitucional al gobierno por decreto y proporciona la base legal para una gobernanza colectiva interina a la espera de elecciones. Es una consideración importante que rara vez reconocen los actores externos que influyen en los arreglos políticos de Haití.
Una autoridad depositada en el Consejo de Ministros, ejercida por un periodo estrictamente limitado, sujeta al control de la sociedad civil y del sector privado, y anclada a un compromiso irreversible con las elecciones, vincularía el poder a la responsabilidad colectiva. El control de la sociedad civil permitiría revisar las decisiones propuestas y evitar una discrecionalidad sin control. No es elegante —pero tampoco lo fue el Consejo de Transición, ni lo sería un gobierno por decreto del Primer Ministro—. La autoridad colectiva del Gabinete, con revisión independiente, es proporcional a este momento de la historia de Haití.
Los actores haitianos deben ahora gobernar con contención y responsabilidad. Al mismo tiempo, la comunidad internacional —liderada por las Naciones Unidas, en coordinación con la CARICOM y socios bilaterales clave— debe hacer corresponder las expectativas políticas con apoyo operativo.
¿Y ahora qué para Haití? Debe significar una acción sostenida en materia de seguridad y recursos oportunos para empezar a abordar las necesidades sociales y económicas largamente desatendidas del país: servicios básicos, medios de vida, seguridad alimentaria y capacidad institucional. Sin ese compromiso paralelo, a la gobernanza interina se le pedirán cargas que ninguna transición puede soportar —y el ciclo del fracaso simplemente se reanudará bajo otro nombre.
(El autor es Embajador de Antigua y Barbuda ante los Estados Unidos y la OEA, y Decano de los embajadores acreditados ante la OEA. Respuestas y comentarios anteriores: www.sirronaldsanders.com)