Guerra en Irán, factura en el Caribe
Por Sir Ronald Sanders
La guerra en Irán ya llama a las puertas del Caribe. Hay quienes justifican los ataques en Irán y en el Golfo alegando que el historial de Irán en materia de terrorismo, ambición nuclear e injerencia regional no deja al llamado “mundo libre” otra alternativa que la acción militar. El Caribe tiene razones de sobra para tomarse ese historial muy en serio. Pero, para los pequeños Estados de este hemisferio que dependen de las importaciones, hay otra cuestión urgente: quién está pagando el coste económico y social de esta guerra, y qué está ocurriendo con las normas que deberían proteger a los más vulnerables.
Una guerra que se libra allí y se paga aquí
El conflicto ya ha encarecido el petróleo, el transporte marítimo y las primas de seguro para la navegación por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores más sensibles del mundo para el crudo y el gas natural licuado. Para los países caribeños, que importan la mayor parte de lo que consumen, cada dólar añadido al precio del barril y cada céntimo extra en el coste de un contenedor o de un petrolero termina reflejándose con rapidez en la factura eléctrica, en el precio de los alimentos y en las tarifas del transporte público.
Muchos Estados de este hemisferio importan una parte considerable de sus bienes de Estados Unidos. A medida que los productores estadounidenses afrontan mayores costes de combustible, fertilizantes, logística y financiación, esos incrementos se trasladan al precio de las exportaciones hacia el Caribe. De modo que nuestra región no solo está expuesta a los mercados mundiales del petróleo y del transporte marítimo. También importa costes añadidos desde Estados Unidos en forma de alimentos, manufacturas e insumos más caros.
Para la mayoría de los países del hemisferio occidental, incluido el propio Estados Unidos, la guerra ha supuesto cadenas de suministro más tensas y mayores costes de transporte y de seguro por riesgo de guerra. Solo un grupo muy reducido de exportadores de petróleo y gas ha obtenido beneficios extraordinarios a corto plazo gracias al alza de los precios. En nuestra propia región, Guyana y Trinidad y Tobago figuran entre los pocos que están registrando mayores ingresos por hidrocarburos, pero ni siquiera ellos escapan a la volatilidad, al riesgo marítimo y a la desaceleración que suelen traer consigo los altos precios de la energía.
Seguridad, soberanía y derecho internacional
El debate público sobre esta guerra ha quedado dominado por dos grandes narrativas. Una gira en torno a la soberanía y al derecho internacional: si una o dos potencias pueden bombardear a otro Estado soberano basándose en la posibilidad de que llegue a desarrollar armas nucleares que algún día podrían usarse contra ellas, aun sin un ataque inminente ni autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La otra se formula cada vez más en términos étnicos y religiosos, con redes sociales inundadas de retórica islamófoba y sectaria que simplifica realidades complejas hasta convertirlas en un supuesto choque de civilizaciones y enturbia cualquier debate sereno sobre legalidad y proporcionalidad.
El Caribe no debe cerrar los ojos ante la conducta de Irán. La prolongada represión interna del régimen, incluidas las graves violaciones de los derechos de las mujeres y de quienes disienten, así como su apoyo a grupos armados y a actividades desestabilizadoras en el exterior, son motivos legítimos de preocupación para todos los Estados, incluido el nuestro. Tampoco debe excusarse ni ignorarse la agresión de ningún país contra sus vecinos. Pero resulta inquietante que algunos invoquen el respaldo de Irán a Hezbolá, Hamás y otras redes en Oriente Medio y América Latina como si eso bastara, por sí solo, para justificar una acción militar de duración indefinida.
También los objetivos declarados por Israel merecen un examen riguroso. Según sus propias palabras, el primer ministro Benjamin Netanyahu no se propone únicamente neutralizar amenazas concretas. Ha hablado de “aplastar” y “debilitar” al régimen iraní, de asestar “golpes demoledores” a su aparato de seguridad y de crear “condiciones óptimas” para un futuro derrocamiento del régimen, aunque reconoce que un cambio efectivo dependería del pueblo iraní. Ese lenguaje apunta no solo a la legítima defensa, sino también al propósito de dejar a Irán como un Estado sustancialmente debilitado, con consecuencias de largo alcance para el equilibrio regional y para el principio de que una o dos potencias no deberían decidir por la fuerza el futuro político de otros pueblos.
Reconocer la gravedad del historial iraní y admitir que otros Estados tienen preocupaciones de seguridad reales no equivale a aceptar que las potencias puedan emprender unilateralmente una guerra preventiva al margen de una legítima defensa claramente acreditada o de una autorización del Consejo de Seguridad. Para los países pequeños, las restricciones que la Carta de las Naciones Unidas impone al uso de la fuerza no son una abstracción. Son su primera línea de protección.
Un liderazgo internacional y regional fragmentado
Las instituciones que deberían orientar la respuesta mundial solo lo han hecho de manera parcial. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha logrado condenar ataques iraníes concretos en el Golfo y pedir el cese inmediato de las hostilidades, así como la protección de la población civil. Pero las divisiones entre sus miembros permanentes siguen siendo profundas. Algunos, además, se están beneficiando de los altos precios del petróleo y del alivio de sanciones relacionadas con sus propias infracciones pasadas del derecho internacional.
Tampoco las organizaciones regionales de las Américas han estado a la altura. La Organización de los Estados Americanos ni siquiera ha debatido una posición negociada entre sus Estados miembros sobre esta guerra. No existe una postura colectiva de la Organización. Del mismo modo, aunque la CARICOM ya había emitido declaraciones sobre la escalada en Oriente Medio y algunos gobiernos se han pronunciado a título nacional sobre los acontecimientos más recientes, no hay una posición caribeña unificada sobre el conflicto actual comparable a una línea clara y común adoptada por los Jefes de Gobierno.
En la práctica, la opinión pública en el Caribe está siendo moldeada menos por una orientación regional que por las cadenas internacionales de noticias y por el contenido polarizado de las redes sociales.
Qué significa esto para el Caribe
Los países caribeños, por separado y en conjunto, apenas tienen capacidad de influencia militar y disponen de un margen económico limitado, pero están profundamente expuestos a las consecuencias del conflicto. Las economías dependientes del turismo afrontan mayores costes del combustible de aviación, una posible caída de la demanda de viajes y márgenes más estrechos para las aerolíneas. Las economías dependientes de las importaciones se enfrentan al encarecimiento de la energía y de los alimentos, a bienes procedentes de Estados Unidos más caros y a una presión fiscal creciente, mientras los gobiernos intentan proteger a los hogares de la inflación sin dejar de atender unas cargas de deuda ya muy pesadas. Para muchos, la guerra se ha traducido en facturas más altas, cadenas de suministro más frágiles y nuevas amenazas para el crecimiento y la estabilidad social.
Lo deseable sería que la CARICOM respondiera con claridad y de forma colectiva. Una posición caribeña unificada podría defender la desescalada y un alto el fuego inmediato, insistir en el respeto de las normas de la Carta de las Naciones Unidas sobre soberanía y uso de la fuerza, reclamar la protección y reapertura de las rutas marítimas esenciales, y llamar la atención sobre la carga económica desproporcionada que esta guerra impone a pequeños Estados vulnerables que no tuvieron voz alguna en la decisión de combatir.
En la práctica, sin embargo, esa unidad parece improbable. Los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto divisiones dentro de la CARICOM. Algunos Estados miembros consideran a Estados Unidos su principal socio en materia de seguridad y un sostén económico crucial en comercio, inversión, remesas y turismo. Los Estados más pequeños saben muy bien hasta qué punto los cambios en la política estadounidense de visados, las restricciones de viaje y la aplicación de las normas migratorias pueden afectar a sus sociedades. Episodios recientes de presión en materia de visados y viajes han reforzado la percepción de que determinadas decisiones de política exterior pueden tener costes reales. En ese contexto, muchos gobiernos vacilarán antes de respaldar una posición colectiva.
Una respuesta caribeña prudente y firme
Pero incluso sin un consenso regional pleno, los Estados caribeños aún pueden ejercer liderazgo si articulan una posición firme, fundada en sus propios intereses y valores. Esa posición debería asentarse en una defensa clara del derecho internacional y de la soberanía, rechazando los usos ilícitos de la fuerza por parte de cualquier país e insistiendo en que las preocupaciones relativas a la seguridad, la proliferación nuclear o el terrorismo se afronten, en la medida de lo posible, dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas.
Debería mantener un llamamiento constante a la desescalada y a la diplomacia, dando prioridad al alto el fuego, a la contención y a la reanudación de las negociaciones sobre las cuestiones nucleares y la seguridad regional, al tiempo que subraya la necesidad urgente de mantener abiertas y seguras las rutas marítimas vitales. Debería reclamar también justicia económica para las economías vulnerables, mostrando cómo las consecuencias de la guerra, como el encarecimiento de la energía, los costes del transporte, la inflación importada y las posibles recesiones en los mercados emisores de turismo, están dañando a sociedades que no participaron en la decisión de combatir, y exigiendo mecanismos de apoyo y amortiguación adaptados a esa realidad. Y debería rechazar la polarización étnica y religiosa, reconociendo los abusos contra los derechos humanos y las amenazas a la seguridad sin asumir relatos que estigmaticen a pueblos o religiones enteras, recurriendo a la propia historia del Caribe para defender un lenguaje arraigado en los derechos, el derecho y la humanidad compartida.
Para los pequeños Estados de este hemisferio, el camino más sensato sigue siendo una diplomacia de principios, prudente pero clara: mantener el diálogo con todos los grandes actores, evitar agravios innecesarios, pero hablar con franqueza sobre la necesidad de la desescalada, del respeto a la Carta y de la protección de sociedades que, de otro modo, quedan condenadas a soportar los costes lejanos, pero muy reales, de la guerra. El silencio no protege a nadie.
(El autor es Embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos y ante la OEA, y Canciller de la Universidad de Guyana. Las opiniones expresadas son enteramente suyas. Respuestas y comentarios anteriores: www.sirronaldsanders.com)