Si la OEA no existiera, hoy no podría crearse

 

He pasado una década en los órganos de la Organización de los Estados Americanos. Durante ese tiempo, he presidido el Consejo Permanente en tres ocasiones, encabezado misiones de la OEA en Haití y Guatemala para contribuir a afrontar crisis políticas, y participado estrechamente en algunas de las cuestiones más difíciles que ha enfrentado la Organización, incluida la retirada de Venezuela y Nicaragua. Esas experiencias me han proporcionado una comprensión lúcida de lo que es la OEA, de lo que podría llegar a ser y de lo que está actualmente en juego.

 

Mientras los Estados miembros se reúnen en Panamá para el 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General, del 22 al 24 de junio, lo que sigue es una reflexión sobre todo ello.

 

Si no tuviéramos la OEA, hoy no podríamos crearla. La arquitectura del multilateralismo hemisférico constituye una herencia extraordinaria. Incluye 34 Estados miembros (32 activos), una Carta compartida, una Secretaría Permanente, obligaciones en materia de democracia y derechos humanos, e instituciones ante las cuales los ciudadanos pueden buscar amparo. Fue construida a lo largo de décadas mediante compromisos, reveses y lecciones difíciles. La idea de que podríamos reunir de nuevo ese consenso desde cero en el mundo fragmentado y escéptico de hoy es, francamente, ilusoria. Esa no es una razón para la complacencia; es una razón para valorar seriamente lo que tenemos y trabajar para mejorarlo.

 

Cada vez con mayor frecuencia escuchamos a representantes de uno u otro gobierno afirmar que «la OEA ya no responde a su propósito». Por lo general, lo que eso significa es que la OEA no responde a los propósitos del gobierno que formula esa crítica.

 

La asimetría de poder entre los Estados miembros suele imponerse al compromiso de igualdad soberana consagrado en la Carta. Sin embargo, en un mundo organizado en torno al poder y la dimensión de los Estados, la OEA sigue siendo uno de los pocos espacios del hemisferio donde naciones grandes y pequeñas pueden reunirse para examinar cuestiones críticas e intentar construir consensos para la acción. No siempre lo consigue, pero precisamente por eso merece la pena perseverar. El fundamento mismo de esta Organización merece ser preservado: la búsqueda de la paz y la prosperidad.

 

Mientras la OEA se reúne en Panamá, su situación financiera debería preocupar a cualquiera que preste atención. El fondo ordinario que sostiene las operaciones esenciales de la Organización se encuentra sometido a presión. Sus reservas, concebidas como un colchón de protección frente a contingencias, se han reducido considerablemente. Para mantener en funcionamiento las operaciones básicas, la Secretaría ha tenido que recurrir a recursos internos de tesorería limitados. Al mismo tiempo, los Estados miembros han restringido los nuevos mandatos, reducido el personal y no han proporcionado los recursos necesarios para ejecutar adecuadamente ni siquiera las tareas reducidas que ellos mismos han aprobado. El límite presupuestario aprobado para 2027 asciende a 95,6 millones de dólares estadounidenses, una cifra que, en términos reales de poder adquisitivo, es inferior al presupuesto de la Organización de hace quince años.

 

No se trata de un problema técnico; se trata de un problema político que requiere una decisión política. Los gobiernos que realmente valoran a la OEA deben estar dispuestos a sostenerla. Si la Asamblea General en Panamá ha de significar algo más que una ceremonia, los Estados miembros deben mantener una conversación franca sobre lo que exige una financiación previsible y adecuada, y posteriormente comprometerse con ella. Ningún gobierno se beneficia de una Organización tan limitada por la falta de recursos que no pueda desempeñar correctamente sus funciones.

Estrechamente vinculada a esta cuestión hay otra que recibe menos atención pública, pero que no es menos trascendente: la independencia del Secretario General y del servicio civil internacional creado por la Carta.

 

El Secretario General no es el representante de ningún gobierno en particular, ni debe contemplarse el cargo a través del prisma de las circunstancias políticas cambiantes. La Carta creó esa función como parte del equilibrio institucional de la propia Organización, un requisito estructural indispensable para que la OEA pueda servir de manera equitativa a todos sus miembros.

 

La rendición de cuentas es esencial en cualquier institución saludable. Pero debe ejercerse a través de los mecanismos establecidos por la propia Organización: el Inspector General, los auditores externos, los órganos competentes de supervisión y los órganos políticos en los que participan colectivamente los Estados miembros. Esos mecanismos siempre pueden fortalecerse, pero no deberían ser eludidos ni sustituidos por procedimientos menos formales y menos imparciales.

 

Los gobiernos cambian, las prioridades evolucionan y la OEA debe ser lo suficientemente flexible para acomodar toda la diversidad de opiniones que generan los procesos democráticos en sus 34 Estados miembros. Pero esa flexibilidad debe operar dentro del marco de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana y de las normas y procedimientos que todos los Estados miembros han aceptado. Son esas reglas las que hacen posible una cooperación ordenada pese a las diferencias de tamaño, ideología e influencia; y son ellas las que protegen a cada gobierno, independientemente del grado de influencia que ejerza en un momento determinado.

 

Defender la independencia institucional no significa, sin embargo, defender el statu quo en todos los aspectos. La reforma es necesaria. El Consejo Permanente dedica una proporción excesiva de su tiempo a conmemoraciones, resoluciones simbólicas y ejercicios procedimentales, mientras que las cuestiones que afectan más directamente a los pueblos del hemisferio reciben menos atención de la que merecen. La migración, la delincuencia organizada, la fragilidad democrática, la vulnerabilidad climática, la seguridad alimentaria e hídrica y la gobernanza digital son asuntos que configuran la vida cotidiana de nuestros pueblos y la estabilidad de nuestros gobiernos. No respetan fronteras y no pueden ser abordados por ningún país actuando en solitario. La Organización debería dedicar la mayor parte de su tiempo de trabajo, en todos sus niveles, precisamente a este tipo de cuestiones, promoviendo una cooperación práctica en lugar de limitarse a reiterar posiciones ya conocidas.

 

El activo más infravalorado de la OEA es el espacio de diálogo que proporciona. En un hemisferio tan diverso y ocasionalmente conflictivo como el nuestro, disponer de un ámbito permanente, basado en normas, donde los gobiernos puedan hablar entre sí, incluso cuando discrepan o cuando existen tensiones, tiene un valor inmenso. Ese espacio debe fortalecerse, no debilitarse. Es mediante el diálogo, desarrollado con respeto mutuo y sustentado en reglas acordadas, como se construye la confianza y se hace posible el progreso práctico.

 

A lo largo de una extensa carrera diplomática, he tenido que aprender a ser paciente con las instituciones multilaterales. Avanzan lentamente, y eso es en parte una virtud. Obliga a la deliberación y protege frente a decisiones impulsivas. Pero la paciencia no es lo mismo que la pasividad. Hay momentos en los que quienes creen en una institución deben decir con claridad que necesita corrección, renovación e inversión. Este es uno de esos momentos.

 

La OEA afronta tensiones reales: financieras, institucionales y relacionadas con sus prioridades. Esa no es una razón para menospreciarla. Es una razón para comprometerse a mejorarla. La OEA no es perfecta, pero un hemisferio sin una mesa común como esta sería manifiestamente peor. Panamá es un lugar apropiado para mantener una conversación sobre cómo tender puentes entre diferencias de manera que generen prosperidad.