Haití: Cuando la promesa de una solución liderada por los haitianos comienza a desvanecerse
Por Sir Ronald Sanders
¿Quién habla en nombre de Haití? Es una pregunta que la comunidad internacional ya no puede eludir.
Durante años, los gobiernos y las organizaciones internacionales han insistido en que la crisis cada vez más profunda del país debe tener una “solución liderada por los haitianos”. El principio es acertado. Los haitianos deben determinar el futuro de su país. Pero la expresión está perdiendo fuerza porque hay pocas pruebas de que exista un proceso político suficientemente legítimo, representativo y coherente capaz de producir tal solución.
La cuestión no es si la solución debe ser liderada por los haitianos. Es quién puede reivindicar legítimamente su conducción y en virtud de qué mandato.
Los expertos de las Naciones Unidas han presentado cada vez más elementos que apuntan a que algunas personas que han ejercido influencia política en Haití mantenían relaciones con las pandillas armadas responsables de gran parte de la destrucción del país.
Un informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití describe conexiones entre grupos armados y actores políticos, económicos y de seguridad. Identifica a antiguos legisladores presuntamente involucrados en el apoyo a organizaciones criminales y advierte que las relaciones entre las pandillas y las figuras políticas podrían utilizarse para influir en las elecciones.
El informe alega que el exparlamentario Alfrédo Junior Antoine suministró armas, municiones y recursos financieros a grupos armados. También alega que el exsenador Nenel Cassy apoyó a hombres armados para promover sus intereses políticos. Ambos han negado las acusaciones.
Los expertos advierten que figuras políticas con vínculos históricos con las pandillas podrían aprovechar esas relaciones para movilizar apoyo, intimidar a sus adversarios e influir en los resultados electorales.
Estas acusaciones requieren investigación y el debido proceso. Pero su significado más amplio es inequívoco. Las organizaciones criminales de Haití no operan al margen de la vida política y económica del país.
Las pandillas han sido utilizadas para controlar territorios, proteger intereses comerciales, intimidar a adversarios y adquirir influencia.
Por lo tanto, la cuestión no es simplemente cómo puede Haití derrotar a sus pandillas. Es cómo puede el país establecer un gobierno legítimo cuando redes que han ejercido influencia política están implicadas en el sostenimiento del poder criminal.
Un estudio de Chatham House publicado en agosto de 2026 aborda directamente esta dificultad. Sus autores observan que los diplomáticos reclaman habitualmente un liderazgo haitiano sin responder adecuadamente cuáles haitianos deben ejercerlo.
Basado en entrevistas realizadas en mayo a 1.332 adultos haitianos, el estudio revela los deseos de los haitianos comunes y la conducta de su clase política.
Más del 75 por ciento de los encuestados expresó poca o ninguna confianza en los políticos. Solo el 2,9 por ciento dijo tener mucha confianza en ellos.
Sin embargo, casi el 90 por ciento consideró que las elecciones eran importantes para el futuro de Haití, mientras que el 82,9 por ciento quería que se celebraran en 2026 o 2027. La encuesta también reveló que el 83,4 por ciento se oponía a permitir que miembros o líderes de pandillas ocuparan cargos gubernamentales, mientras que el 66,9 por ciento rechazaba una amnistía para integrantes de grupos armados.
Estos resultados sugieren que los haitianos no han renunciado a la democracia, al gobierno legítimo ni a la rendición de cuentas. Desconfían de una clase política que no ha sido capaz de proporcionárselos.
La falta de acuerdo entre los políticos no debe confundirse con la ausencia de aspiraciones nacionales. Tampoco puede describirse automáticamente como “liderado por los haitianos” un acuerdo entre intereses políticos rivales por el simple hecho de que sus participantes sean haitianos.
El calendario electoral ha quedado sumido en la incertidumbre. Las elecciones presidenciales y legislativas habían sido programadas para el 13 de diciembre de 2026, pero el Consejo Electoral Provisional ha prorrogado hasta el 31 de octubre la inscripción de candidatos, aplazado el calendario de la campaña e indicado que publicará un calendario electoral revisado.
Aunque se anuncie otra fecha, las cuestiones de fondo seguirán vigentes: ¿quién controlará el proceso político y podrán las organizaciones criminales o sus patrocinadores influir en su resultado?
La fatiga internacional constituye otro peligro.
Sin embargo, los avances siguen siendo dolorosamente limitados. Otros conflictos, las presiones económicas y las prioridades de seguridad compiten por atención y recursos.
Si disminuye el compromiso internacional, los haitianos comunes sufrirán. No ocurrirá lo mismo con quienes se benefician del tráfico de armas y drogas, la extorsión, los secuestros, el control territorial y el desvío de recursos públicos. Los actores políticos y económicos que se benefician de la debilidad institucional tienen poco interés en tribunales independientes, una policía responsable o una administración transparente.
Haití no debe ser abandonado porque sus actores políticos no logren ponerse de acuerdo. Eso dejaría a la población soportando las consecuencias de fracasos de los que los ciudadanos comunes tienen poca responsabilidad. Del mismo modo, la asistencia internacional no puede significar financiar un arreglo transitorio tras otro sin obligaciones claras, resultados mensurables y rendición de cuentas.
La apropiación haitiana debe preservarse, pero es necesario aclarar su significado.
Debe significar el apoyo a instituciones con mandatos legales, transparencia y responsabilidad pública. La participación debe extenderse más allá de las facciones políticas para incluir a la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las mujeres y los jóvenes, los organismos profesionales y religiosos, y los representantes legítimos del sector privado.
Debe significar escuchar a la población haitiana, cuyas prioridades el estudio de Chatham House ha ayudado a esclarecer. También debe significar investigar las redes identificadas por los expertos de las Naciones Unidas, aplicar sanciones, interrumpir el suministro de armas y garantizar que las personas implicadas de manera creíble en delitos graves sean sometidas a un examen judicial independiente.
La Fuerza de Supresión de Pandillas y la Policía Nacional de Haití deben recibir los recursos necesarios para proteger a las comunidades, junto con las instituciones judiciales y administrativas sin las cuales los avances en materia de seguridad no podrán perdurar.
La misma encuesta de Chatham House reveló una cautela comprensible. Aunque el 49,5 por ciento apoyó la presencia de la Fuerza, el 54,2 por ciento dudaba que pudiera cumplir su misión. Ese escepticismo refuerza la necesidad de contar con recursos adecuados, objetivos claros, resultados mensurables y rendición de cuentas.
Nada de esto exige que gobiernos extranjeros elijan a los dirigentes de Haití o dicten su futuro constitucional. Eso socavaría la soberanía que la asistencia internacional debe proteger. Pero la soberanía no debe convertirse, dentro de Haití, en una excusa para ignorar la influencia criminal, el fracaso institucional o la ausencia de un liderazgo responsable.
La Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) tienen la responsabilidad particular de insistir en esta distinción. Su participación debe ampliar la representación haitiana y fortalecer instituciones capaces de inspirar confianza pública.
La tragedia de Haití no consiste en que su pueblo carezca del deseo de democracia. Consiste en que las instituciones mediante las cuales debería expresarse su voluntad se han debilitado, mientras que los grupos armados y sus asociados han adquirido una influencia extraordinaria.
La expresión “solución liderada por los haitianos” nunca debe abandonarse como principio. Pero no debe ser invocada, ya sea por actores políticos haitianos o por socios internacionales, como sustituto de afrontar las realidades que repetidamente han impedido que tal solución llegue a ser legítima, significativa y sostenible.
Una solución genuinamente liderada por los haitianos requiere más que un acuerdo entre facciones políticas. Requiere un proceso nacional inclusivo, acuerdos transitorios transparentes y sujetos a plazos definidos, la exclusión de la influencia criminal, instituciones públicas más sólidas y elecciones creíbles en las que los haitianos puedan elegir libremente a sus dirigentes. Los socios internacionales deben apoyar ese proceso con seguridad, recursos y asistencia técnica, al tiempo que exigen rendición de cuentas y avances mensurables.
El pueblo haitiano tiene derecho a determinar su futuro. La tarea ahora es garantizar que ese derecho le pertenezca a él, y no a las pandillas ni a quienes las sostienen.
(El autor es Embajador de Antigua y Barbuda ante los Estados Unidos y la OEA. También es Canciller de la Universidad de Guyana. Las opiniones expresadas son exclusivamente suyas.)